Por Redacción
Almoloya De Juárez, 21 de julio de 2026.- Un juez dictó prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, señalado de participar en una red de huachicol fiscal. El exmandatario deberá cumplir la medida cautelar en el Cefereso 1, conocido como penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se presentaron casi una centena de datos de prueba contra Ruffo Appel y otros siete acusados. La titular de la dependencia, Ernestina Godoy, describió el esquema como “la mayor red de huachicol fiscal detectada en México”.
Las autoridades acusan al exgobernador de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, con un daño estimado al fisco de más de 4 mil millones de pesos. Según la FGR, el análisis de las operaciones permitió “estimar un perjuicio a la Hacienda Pública de más de 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de combustibles y de la omisión en el pago de las contribuciones correspondientes”.
La investigación detalla que la estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios fundada por Ruffo Appel. Entre enero y julio de 2025, la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas. La FGR explicó que la entidad “habría realizado 4 mil 238 operaciones de importación” en dicho periodo.
El modus operandi consistía en utilizar carros-tanque de ferrocarril declarando solo el 10% de su capacidad real. La FGR detalló: “Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos”.
Ruffo Appel fue detenido en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Su audiencia inicial se desarrolló de manera virtual y a puerta cerrada desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), restringiendo el acceso a los medios. Entre las evidencias presentadas destacan alrededor de un centenar de cajas de cartón con estados de cuenta bancarios y registros financieros.
La defensa del exgobernador se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
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