Las Claritas, 25 de junio de 2026.- Un operativo policial y militar coordinado con Estados Unidos culminó con la muerte de Héctor Rustherford ‘Niño’ Guerrero Flores, líder de la organización criminal Tren de Aragua, hecho que fue anunciado por el presidente Donald Trump. Washington había ofrecido previamente una recompensa de cinco millones de dólares por el capo, cuyo presunto refugio fue impactado por un misil hace casi dos semanas.
Tras el ataque, el pueblo quedó militarizado y el gobierno de los criminales que controlaba la vida de miles de mineros ha sido desplazado, al menos por ahora, por el de los uniformados. Entre quienes viven en ese pueblo hay temor de que el resto de los líderes de la banda puedan regresar y reagruparse. Inversionistas extranjeros le han pedido a Donald Trump que recupere la gobernanza en las minas del sur de Venezuela.
El ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva, se ofreció a instalar una oficina de atención al minero y dijo que trabajaría para maximizar la producción. “Estamos aquí para atender de primera mano a nuestro pueblo… que impulsen su crecimiento académico y técnico”, afirmó Silva sobre la intervención estatal en la zona.
Sin embargo, la llegada de los militares ha venido acompañada de allanamientos sin orden judicial y de lo que los vecinos de Las Claritas llaman saqueos. Los habitantes denuncian presuntos robos en sus viviendas y extorsión, ahora a manos de los uniformados. La comunidad de Las Claritas encaró a un grupo de oficiales para reclamarles por las formas con las que tomaron el lugar.
Como forma de protesta, los habitantes del sector San Isidro de Las Claritas han bloqueado la carretera principal. “Basta de abusos, queremos trabajar y vivir en paz”, exigieron los residentes ante la nueva presencia castrense en la región minera.
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