Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) admitió este jueves que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México se originó el 8 de febrero en una de sus instalaciones, a 46 días de que saltaran las primeras alertas. Este reconocimiento contradice sus posturas iniciales, pues el 2 de marzo la empresa se deslindó de las manchas de crudo mediante una tarjeta informativa y aseguró que su infraestructura operaba con normalidad.
El medio El País había revelado previamente, con ayuda de la organización CartoCrítica, que la paraestatal contrató al buque Árbol Grande para reparar una fuga en un ducto submarino en Campeche. Imágenes satelitales mostraron que la embarcación permaneció sobre el ducto 200 horas con una mancha de hidrocarburo a su alrededor. Los primeros residuos de petróleo llegaron a las playas de Veracruz y Tabasco el 1 de marzo.
Existen contradicciones entre las versiones oficiales. El 12 de marzo, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, responsabilizó a “un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Petróleos Mexicanos”. Sin embargo, Pemex ha reconocido ahora el origen del incidente en sus propias instalaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum realizó su primer pronunciamiento el 13 de marzo, señalando que se trabajaba conjuntamente pero solicitando más información.
En un frente relacionado, pescadores reportaron peces muertos en el río Cazones y alertaron sobre riesgos sanitarios por la presencia de presunto hidrocarburo en botellas plásticas. Pemex negó la presencia de combustible en esa zona específica. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tomó muestras para investigar el origen del contaminante y advirtió a la población evitar el consumo de peces del río. No se ha determinado si este contaminante pertenece al derrame del Golfo; la primera línea de investigación apunta a un escurrimiento desde Poza Rica y Coatzintla arrastrado por fuertes lluvias.
Por otro lado, informes destacan que la grave sequía que golpeó la Amazonía brasileña entre 2023 y 2024 causó impactos desproporcionados en comunidades vulnerables. Los habitantes enfrentaron pérdidas de renta, trabajo e inseguridad alimentaria debido a la reducción del caudal de los ríos y al aumento de incendios, lo que disminuyó la pesca y la cosecha.
El episodio climático, asociado al fenómeno de El Niño, generó problemas de salud como el agravamiento de enfermedades estomacales y respiratorias. Además, las mujeres de la región lidiaron con una intensificación del riesgo de violencia de género, derivada de la ampliación de la convivencia con agresores y el debilitamiento de las redes de apoyo.
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