Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y consideró que, ante los recientes intentos de desmantelar el sistema de justicia profesional, mantendrá su defensa de la autonomía del Poder Judicial. La organización aseveró que la concentración del poder constituye el riesgo principal para los derechos humanos.
En un comunicado, la Jufed señaló que “cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección de derechos humanos”. Asimismo, reiteraron que la Carrera Judicial garantiza que quienes imparten justicia posean la excelencia técnica y la autonomía necesarias para resolver con imparcialidad, exigiendo perfiles experimentados “sin contaminación partidista”.
La asociación destacó que el Juicio de Amparo es “el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal”, advirtiendo que debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, sino dejar a la sociedad en un estado de indefensión. “Defender la independencia judicial es defender la libertad de cada ciudadano frente a la concentración autoritaria del poder”, indicaron los integrantes del Poder Judicial en activo y retiro que no forman parte de la simulación de una elección.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integrarían con personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, así como modificar los artículos 95 y 97 para que ser ministro de la Corte requiera únicamente ciudadanía mexicana y no nacionalidad por nacimiento.
En el contexto de la aplicación de la reforma judicial aprobada en 2024 y declarada vigente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos tramitaron más de mil recursos contra la enmienda. Previo a esto, en los últimos dos sexenios, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos promovidos por grupos para frenar grandes obras de infraestructura, incluyendo decisiones favorables a la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
En materia electoral, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios para la elección de juzgadores en 2027, pronunciándose consejeras electorales por el uso de la urna electrónica. Sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó, agregando que falta resolver cómo promover el voto informado en centros penitenciarios.
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