Ciudad De México, 16 de abril de 2026.- Diputados federales presentaron este día iniciativas enfocadas en atender las desapariciones, fortalecer la seguridad municipal y combatir la impunidad en las investigaciones penales. En paralelo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) rechazó las propuestas que buscan disminuir la edad penal o imponer sanciones más severas a menores.
La diputada panista Noemí Luna planteó reconocer la desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, así como crear un fondo permanente de reparación y garantizar protección efectiva a las familias buscadoras. La legisladora señaló la existencia de subejercicios millonarios en recursos destinados a la búsqueda y exigió que el Estado asuma su responsabilidad ante la crisis.
Por su parte, el diputado de Morena Carlos Ignacio Mier propuso fijar un mínimo de tres policías por cada mil habitantes, con un financiamiento prioritario proveniente del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios. Asimismo, el priista Erubiel Alonso planteó obligar al Ministerio Público a agotar todas las diligencias antes de archivar casos, con el objetivo de combatir la impunidad y garantizar justicia efectiva a las víctimas. Estas iniciativas serán analizadas en comisiones.
En otro frente, Lorena Villavicencio Ayala, titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, emitió un posicionamiento en contra de la discusión en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional al artículo 18. Dicha reforma plantea incorporar un régimen excepcional de consecuencias agravadas para adolescentes de entre 14 y 18 años que participen en delitos de extrema gravedad, como homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, extorsión o robo con violencia.
“Consideramos que el Sistema de Justicia para Adolescentes, debe fortalecerse desde el principio de reinserción social y familiar, no desde la punibilidad”, afirmó Villavicencio Ayala. Agregó que “aumentar penas no es la solución para prevenir la comisión de delitos; la verdadera respuesta está en atender las causas estructurales de la violencia, transformar contextos y fortalecer los procesos de reinserción familiar y social, garantizando siempre un plan de restitución integral para las víctimas directas e indirectas”.
En materia de seguridad operativa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó el combate a la extorsión. En Gómez Palacio, el funcionario apuntó a la detención el pasado 19 de marzo de 28 personas integrantes de una organización relacionada con delitos de extorsión y ataques a vías de comunicación. Según la versión oficial, los hechos se originaron tras denuncias de empresas instaladas en la zona que acusaron bloqueos, toma de unidades de carga y exigencias económicas por parte de personas que se identificaban como integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua.
Sin embargo, el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, se manifestó en contra de la captura de los integrantes del Frente Unido, denunciando presuntos actos de represión, calumnias y maltratos. Vera López acusó al gobierno de Durango de actuar en favor de intereses empresariales y de recurrir a corporaciones de seguridad para intervenir contra el grupo, señalando que las comunidades se encuentran “sumergidas hoy en la incertidumbre y el miedo”.
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