Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) ha destacado la “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” respecto a este delito en México, situación que ha llevado a la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas para el país.
Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que la decisión se tomó considerando que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Además, señaló que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento considerable frente a los 52 mil registrados durante la visita del Comité en 2021.
Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, únicamente entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados, con solo 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el organismo insistió en la deficiencia en la persecución penal y el uso limitado de investigaciones de campo y medios de prueba científicos. Durante su visita en 2021, el Comité recibió testimonios sobre desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, empresas privadas y grupos delictivos, recordando que los Estados son responsables incluso cuando hay aquiescencia de la autoridad.
El informe detalla casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, además de señalar la prevalencia del problema en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México. En Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó “prácticas sistemáticas” entre 2006 y 2016, identificando patrones de colusión donde fuerzas policiales secuestraban víctimas para entregarlas al cártel de los Zetas entre 2009 y 2012, o realizaban desapariciones directamente mediante fuerzas especiales como GATE y GROM entre 2012 y 2016. Se destacó también el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos como vehículos e instalaciones oficiales para la comisión de estos delitos.
Ante estas señalamientos, el gobierno mexicano ha manifestado su desacuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que el informe no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco argumentó que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. Mientras tanto, el Estado Parte ha planteado que las desapariciones ocurrieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que actualmente existen marcos legales y comisiones de búsqueda para mejorar la situación.
Con la activación del Artículo 34, el Comité busca que la Asamblea General adopte medidas para apoyar a México en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas. Este anuncio coincide con la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas dada a conocer por el gobierno federal el 3 de abril de 2026, la cual incluye una nueva clasificación de casos.
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