Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General. El organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso.
El CED concluyó que la información que ha recibido parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente la resolución del CED. La dependencia calificó el informe como tendencioso y sesgado, y acusó al organismo de ignorar las actualizaciones y análisis presentados por la administración actual, incluyendo información entregada el 27 de marzo.
El gobierno mexicano alegó que el marco del CED no corresponde a la realidad del país y afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025. La SRE argumentó que el informe se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. “El derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las altas esferas del Gobierno, lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó.
Por su parte, la SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Las autoridades mexicanas también aseguraron que al menos uno de los integrantes del CED trabajó para organizaciones que han denunciado al Estado mexicano y cuestionaron el rigor jurídico del documento.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del comité. “Es una muy mala señal”, indicó Corcuera, quien lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno y explicó que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno.
El Gobierno de México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”, señaló el gobierno federal.
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