Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo. La normativa se aplicará específicamente en los tribunales militares de Cisjordania, instancias que juzgan exclusivamente a acusados palestinos, mientras que los colonos israelíes en la misma zona continúan sujetos a la legislación civil.
El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la medida. Respecto al resultado de la votación, existen discrepancias en los reportes: una fuente indica que hubo 62 votos a favor y 48 en contra, mientras que otra registra 64 votos a favor y 48 en contra. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, fue el principal impulsor de esta reforma legal.
Bajo la nueva legislación, los tribunales militares están obligados a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en actos de terrorismo. Los jueces solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian ‘circunstancias especiales’. La decisión de imponer la pena de muerte no requiere unanimidad, bastando una mayoría simple, y la ley elimina el derecho de apelación. Además, se exige que la sentencia se emita en un plazo de 90 días.
La norma permite la realización de ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. Según lo establecido, la ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset tramita actualmente otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para dichos casos.
Itamar Ben Gvir celebró la aprobación afirmando: “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”. El ministro describió la medida como “histórica” y añadió: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”.
Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, calificándola de “racista” y una “flagrante violación del derecho internacional humanitario”. En un comunicado, la entidad palestina señaló: “Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.
About The Author
