Nueva York, 29 de marzo de 2026.- La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que ordenaba a la República Argentina pagar más de 16,000 millones de dólares como compensación a accionistas minoritarios de YPF en el litigio derivado de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en 2012. El fallo, emitido este viernes, devuelve el caso a la instancia inferior tras considerar que la jueza Loretta Preska realizó una interpretación incorrecta de la legislación argentina al tratar los estatutos de la empresa como un contrato bilateral.
La decisión judicial representa un giro significativo en el proceso iniciado por inversores como Petersen Energía y Eton Park, patrocinados por el fondo Burford Capital, quienes alegaron discriminación por no haber recibido la misma oferta económica que la petrolera española durante la nacionalización llevada a cabo bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Mientras que en 2012 se acordó un pago de 5,000 millones de dólares con Repsol, los demandantes minoritarios exigieron un trato equivalente, lo que derivó en la condena inicial de 2023 ahora anulada.
El presidente Javier Milei celebró rápidamente la resolución del tribunal estadounidense, la cual despeja uno de los mayores riesgos judiciales para el Estado argentino. Por su parte, Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía durante la expropiación, señaló que al mandatario le costará explicar por qué festeja que los fondos de inversión no tuvieran razón en sus argumentos legales contra el país.
La defensa del Estado argentino mantuvo durante tres administraciones consecutivas que la legislación nacional prevalecía sobre los estatutos corporativos de YPF. La Corte de Apelaciones, con el voto en disidencia de uno de los tres jueces, validó esta postura al determinar que las demandas por daños por incumplimiento de contrato no son reconocibles bajo los códigos civiles argentinos en la forma en que fue planteada originalmente.
Con esta revocatoria, el litigio regresa a la etapa inicial para su nuevo análisis conforme a la interpretación correcta de los estatutos bajo la ley local, eliminando temporalmente la obligación de pago de los más de 16,000 millones de dólares que pesaban sobre las finanzas públicas argentinas.
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