Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su Delegación Laguna I, reportó avances significativos en la investigación del presunto fraude inmobiliario conocido como el “Cártel Inmobiliario”, tras una manifestación de afectados que bloquearon parcialmente la circulación en las inmediaciones de la dependencia para exigir celeridad y justicia. El delegado regional, Carlos Rangel, confirmó que se han girado 12 órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados y que existen al menos 60 denuncias formales integradas.
De acuerdo con las cifras oficiales presentadas por la autoridad, el daño patrimonial reportado por las víctimas asciende a cerca de 19 millones de pesos. Rangel detalló que, como resultado de la estrategia de atención directa establecida hace un año —coincidiendo con la llegada del fiscal general Federico Fernández Montañez—, se han llevado a cabo más de 20 sesiones de trabajo con el grupo inicial de 27 afectados. Hasta el momento, se cuenta con dos mujeres detenidas y una más fue reaprehendida recientemente.
Pese a los informes de la Fiscalía que indican que la mayoría de las carpetas ya están judicializadas, los afectados mantienen su postura de inconformidad. Alfonso Serrano, uno de los perjudicados, acusó al fiscal general de negarles atención oportuna, citarlos a horas tempranas para atenderlos hasta entrada la noche y no responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado. Los manifestantes sostienen que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad si no se ejecutan de manera efectiva.
La discrepancia entre la versión oficial y la percepción de las víctimas es notable. Mientras el delegado Carlos Rangel afirmó que se mantiene comunicación constante mediante grupos de mensajería y que las reuniones semanales se suspendieron a petición de los propios afectados al considerar que había avances, las víctimas denuncian tortuguismo y nula actuación por parte de la FGE. Reportes periodísticos señalan que, según el criterio de los denunciantes, solo dos casos han sido judicializados realmente de las 60 denuncias presentadas.
En cuanto a los principales organizadores del esquema fraudulento, el delegado reconoció que aún falta la localización de dos personas que cuentan con órdenes de aprehensión pero han promovido amparos para evitar su captura. Entre los señalados figura el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, de quien las víctimas aseguran que huyó a España, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía en sus declaraciones públicas recientes.
Ante los señalamientos sobre posibles acuerdos reparatorios que habrían liberado a algunos implicados, el funcionario explicó que estos convenios son legales cuando la víctima acepta la reparación del daño, imposibilitando a la autoridad intervenir en dicha decisión. La Fiscalía aseguró que “la ley va a ser pareja” y que se investigará hasta las últimas consecuencias, incluso si hay participación de funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que para acreditar responsabilidades adicionales es necesario avanzar en los procesos judiciales actuales.
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