Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como Plan B, con 87 votos a favor y 41 en contra, durante la sesión celebrada el 25 de marzo. La votación contó con la presencia de 128 senadores y refleja el respaldo de las fuerzas políticas que integran la coalición oficialista, aunque con reservas en puntos específicos.
De acuerdo con los datos duros de la sesión, los votos a favor provinieron de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT). Por otro lado, las agrupaciones de oposición, conformadas por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, votaron en contra del proyecto. La aprobación en lo general permite avanzar con la mayoría de los artículos propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Entre las medidas aprobadas se encuentra el tope de 15 regidurías por Ayuntamiento y la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70 por ciento del presupuesto estatal. Asimismo, se eliminaron los seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. También se validó un recorte progresivo del 15 por ciento al presupuesto del Senado.
Pese a la aprobación general, la iniciativa no logró incluir el adelanto de la revocación de mandato al año 2027, punto central para la presidenta. Este apartado fue rechazado principalmente debido a la negativa del Partido del Trabajo, aliado de la coalición gobernante, lo que marca una divergencia interna respecto a los tiempos políticos de la administración federal.
Existen perspectivas opuestas sobre el impacto de la reforma. Mientras el oficialismo presenta las medidas como un fortalecimiento democrático y una eliminación de privilegios, sectores de la oposición y analistas la califican como un retroceso que busca disminuir la competencia política. Además, surgieron discrepancias sobre el ahorro real, pues mientras fuentes oficiales señalan beneficios en recursos públicos, análisis preliminares del Instituto Nacional Electoral sugieren posibles gastos adicionales.
En el marco de la discusión, participaron figuras clave como el presidente del Senado, Oscar Cantón Zetina, así como líderes partidistas como Alberto Anaya y Alejandro Moreno Cárdenas. Las posturas reflejan la complejidad del acuerdo político necesario para modificar la estructura electoral del país de cara a los próximos procesos comicios.
Con este resultado, la reforma electoral avanza en el Congreso de la Unión, consolidando cambios en la estructura de financiamiento y organización electoral, aunque sin la modificación constitucional respecto a la revocación de mandato que inicialmente se planteó desde el Ejecutivo federal.
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