Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó el 25 de marzo de 2026 la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva según el texto aprobado.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanzó en medio de protestas de jubilados de empresas públicas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro durante el debate.
De acuerdo con el Semanario ZETA, la reforma fue aprobada en lo general con 458 votos a favor. Sin embargo, otras versiones periodísticas reportan 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones, lo que refleja discrepancias en las cifras oficiales de la votación.
El tope de pensión establecido corresponde a la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, lo que equivale aproximadamente a 70,000 pesos mensuales según una fuente consultada. La reforma excluye explícitamente de este límite a las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas.
La diputada Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Señaló que los senadores emitieron su voto con información imprecisa o falsa sobre el alcance de la medida.
Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que pese a la inconformidad de su bancada, votarían a favor. Advirtió riesgos de retroactividad y omisiones relevantes en el dictamen. Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas, pero Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas, declaró el legislador.
La reforma incorpora lenguaje inclusivo en el decreto y representa uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del gobierno federal en materia de austeridad republicana. Las consecuencias legales inmediatas para los pensionistas actuales dependerán de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación y de los posibles recursos jurídicos que presenten los afectados.
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