Pajapan, 26 de marzo de 2026.- Un grupo interdisciplinario integrado por las secretarías de Marina, Medio Ambiente, Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, junto con autoridades locales, informó este martes sobre los avances en la limpieza del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México. Según el comunicado oficial emitido el 25 de marzo, se han recolectado 128 toneladas de residuos impregnados de crudo a lo largo de 165 kilómetros de litoral atendidos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la intervención de la Fiscalía General de la República para dilucidar las causas del incidente y determinar si existe una fuga activa.
La mandataria federal detalló que la investigación busca establecer con certeza el origen del vertido, el cual ha generado versiones contradictorias. Mientras el gobierno federal señala preliminarmente que podría tratarse de un derrame proveniente de un barco privado ajeno a Pemex, la propia presidenta admitió que aún no se tiene totalmente identificada a la empresa responsable. Sheinbaum instruyó al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, a trasladarse a la zona para verificar la situación y garantizar que los recursos necesarios sean destinados a la limpieza, enfatizando que la compañía propietaria de la nave deberá resarcir los daños ambientales.
Pese a las cifras oficiales, existen discrepancias significativas respecto a la magnitud real del desastre ecológico. Organizaciones civiles como Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y CartoCrítica, así como la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, sostienen que el hidrocarburo ha impactado al menos 630 kilómetros de costa, una extensión mucho mayor a la reportada por el grupo interinstitucional. Estas agrupaciones acusan a las autoridades de conocimiento temprano del evento, contención insuficiente y opacidad, afirmando con base en imágenes satelitales que el vertido inició entre el 11 y 17 de febrero desde una embarcación cercana a la plataforma Abkatún, cubriendo una mancha de 50 kilómetros cuadrados sin que se emitiera una alerta pública oportuna.
La falta de transparencia ha sido denunciada también por defensores de derechos humanos y pobladores afectados. Verónica Munier, del Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño, expresó su preocupación ante la ausencia de información clara sobre el grado del daño: “No sabemos bien a qué grado está el daño. No nos han dicho nada y no hemos sabido que hayan hecho ningún estudio o, por lo menos, no lo han informado”. Por su parte, Pemex ha anunciado un apoyo económico de más de 35 millones de pesos para las comunidades pesqueras afectadas, mientras el grupo interdisciplinario reporta una inversión de 217 millones de pesos en la limpieza de playas y 8 millones adicionales para el despliegue de embarcaciones especializadas.
En medio de la controversia sobre el impacto ambiental, el Gobierno de Veracruz, a través de su Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, emitió un informe sobre el hallazgo de un delfín muerto en Alvarado. Las autoridades estatales descartaron que el deceso estuviera vinculado directamente a la contaminación por hidrocarburos, atribuyéndolo a una “hemorragia severa derivada de una lesión traumática”. Sin embargo, esta versión contrasta con la alarma manifestada por pescadores y ambientalistas que documentan la presencia de crudo en múltiples municipios costeros de Veracruz, Tabasco y, más recientemente, en Tamaulipas, específicamente en la playa Miramar.
Las acciones de respuesta se mantienen bajo cinco ejes rectores: limpieza, apoyo a comunidades, investigación, supervisión y acciones posteriores. No obstante, la incertidumbre persiste entre la población local que depende de las actividades pesqueras y turísticas. Mientras el gobierno federal promete un informe detallado en la próxima conferencia matutiva y asegura que se trabaja para retirar el hidrocarburo restante, la sociedad civil exige la publicación inmediata de los estudios de impacto ambiental y la identificación formal del responsable, ante un escenario donde las cifras oficiales y las observaciones independientes continúan divergiendo sustancialmente.
About The Author
