Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre sustancias y desechos peligrosos, Marcos A. Orellana, alertó sobre el aumento descontrolado y exponencial de fábricas de cerdos en México durante la última década, tras concluir su segunda visita oficial al país. Durante su estancia, el funcionario internacional señaló que el uso del término “granjas porcícolas” funciona como un eufemismo para describir lo que realmente son instalaciones industriales masivas con severas implicaciones ambientales y sociales.
De acuerdo con los hallazgos preliminares presentados al finalizar su recorrido, existen actualmente complejos que albergan hasta 50 mil cerdos en comunidades que apenas cuentan con 1,500 habitantes, lo que evidencia una desproporción crítica entre la capacidad de carga local y la magnitud de las operaciones industriales. Orellana enfatizó que este crecimiento no ha sido ordenado, sino que responde a una expansión acelerada en los últimos diez años sin la debida regulación.
La visita oficial se llevó a cabo del 9 al 20 de marzo de 2026, periodo en el que el relator recorrió los estados de Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán para evaluar in situ las condiciones de estas instalaciones. La agenda incluyó encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno Federal, así como reuniones con autoridades de los tres Poderes de la Unión para discutir los avances y retrocesos en materia de protección ambiental frente a la industria ganadera.
La Cancillería mexicana y la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) emitieron un comunicado conjunto confirmando la realización de la visita y la recepción de las observaciones del experto. En el encuentro participaron funcionarios de alto nivel, incluyendo al subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, así como a Ileana Villalobos Estrada, subsecretaria de Regulación Ambiental, quienes sostuvieron diálogos sobre la normativa vigente y los desafíos que plantea este modelo productivo.
El mandato del Relator Especial, establecido originalmente en 1995 y renovado en 2023, tiene como objetivo monitorear globalmente el impacto de los desechos peligrosos en los derechos humanos. Aunque se han expuesto las preocupaciones iniciales sobre la densidad animal y la nomenclatura utilizada por la industria, el informe final con las recomendaciones específicas para el Estado mexicano será publicado oficialmente en el segundo semestre del año en curso.
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