Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma a la Ley Minera que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio. El pleno del alto tribunal resolvió este martes la Acción de Inconstitucionalidad 78/2022, promovida por una minoría de senadores de oposición, y determinó por unanimidad que los argumentos en contra carecen de sustento.
En la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien actuó como ponente del proyecto, señaló que los conceptos de invalidez presentados por los legisladores fueron estimados como infundados. La Corte validó específicamente los artículos 1, 5 bis y 10 de la legislación minera, los cuales establecen la prohibición expresa de otorgar concesiones a particulares para este recurso y ordenan la creación de un organismo público descentralizado para su manejo.
Uno de los puntos centrales de la controversia fue la exigencia de una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos antes de la promulgación de la norma. Los ministros desestimaron este argumento al considerar que la reforma constituye una norma general que redefine la rectoría estatal sobre el litio, sin generar una afectación directa e inmediata a los derechos de las comunidades. El tribunal precisó que la obligación de consulta surge hasta la etapa de proyectos concretos que impacten sus territorios.
La resolución representa un respaldo definitivo al esquema jurídico establecido en abril de 2022, el cual cerró la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, en la cadena productiva de este mineral estratégico. Con esta decisión, la SCJN confirma que las reglas aprobadas por el Congreso se mantienen vigentes y blindan la explotación del litio como patrimonio de la nación.
La validación de la reforma ocurre en un contexto donde el litio es considerado clave para el futuro energético del país. Aunque la acción de inconstitucionalidad cuestionaba la facultad del Congreso para reservar el recurso y el principio de seguridad jurídica, el fallo unánime del pleno zanja la discusión sobre la validez constitucional de la nacionalización del mineral impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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