Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que actualiza el marco regulatorio del sector tras más de tres décadas sin modificaciones. El dictamen, avalado con 466 votos, sustituye a la Ley Federal de Cinematografía vigente desde 1992 y establece nuevas reglas para la exhibición, distribución y producción de contenidos nacionales.
La iniciativa fue presentada por la Comisión de Cultura y Cinematografía, encabezada por la diputada Alma Lidia de la Vega, quien destacó la necesidad de reconocer al audiovisual como una industria cultural estratégica. Durante la discusión, se subrayó que el entorno ha evolucionado de un modelo centrado exclusivamente en salas de cine a uno dominado también por plataformas digitales, lo que obliga a regular ambos ecosistemas de manera integral.
Entre los puntos centrales de la nueva normativa destaca la imposición de una cuota mínima del 10% de exhibición para cine mexicano en las salas comerciales. Además, se amplía el tiempo mínimo de permanencia en cartelera para producciones nacionales, pasando de siete a 14 días, con el objetivo de contrarrestar la concentración de contenidos extranjeros que limita la visibilidad del cine local ante el público.
Para fortalecer la producción, la ley contempla incentivos fiscales consistentes en un crédito de hasta el 30% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) relacionado con el gasto de producción en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto. Asimismo, se establece el requisito de utilizar al menos un 70% de proveeduría nacional en las filmaciones, buscando dinamizar la cadena productiva y generar empleos en el país.
El texto aprobado hace una distinción clara entre producciones cinematográficas y audiovisuales, obligando a las plataformas digitales a promover catálogos de obras nacionales mediante secciones específicas. Tras su aprobación en la Cámara Baja, la iniciativa será turnada al Senado para continuar con el proceso legislativo y, de ser validada, entrará en vigor para regular la industria en los próximos años.
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