Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda que modifica el concepto constitucional de “vivienda digna” por “vivienda adecuada” y otorga nuevas facultades a Infonavit y Fovissste para adquirir, rehabilitar y construir viviendas directamente, así como urbanizar terrenos para su enajenación o arrendamiento. La votación en lo general contó con 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular se registraron 354 votos a favor, 95 en contra y cero abstenciones, con el respaldo de Morena y sus aliados legislativos.
La iniciativa presidencial, impulsada por la fracción mayoritaria, transforma el modelo de operación de los institutos de vivienda, pasando de ser facilitadores de crédito a actuar como intermediarios con capacidad de ejecución directa de proyectos habitacionales. Durante el debate, la diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, defendió la necesidad de estos cambios para acelerar la entrega de soluciones habitacionales y cumplir con las metas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar.
En contraste, legisladores del PAN y del PRI expresaron su oposición a la reforma. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del Partido Acción Nacional, cuestionó el uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar los nuevos proyectos de construcción y urbanización que ahora podrán realizar los organismos. Los partidos de la oposición argumentaron que esta modificación podría poner en riesgo los recursos de los afiliados al cambiar la naturaleza operativa de las instituciones.
Como parte del contexto de aplicación de la nueva política, el estado de Sonora se reporta como la primera entidad en implementar el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar bajo este esquema. Las cifras indican que la meta inicial de construcción en dicha entidad era de 33,800 viviendas, la cual ha sido ampliada a 65,000 unidades. Actualmente, se encuentran en proceso de construcción 9,694 viviendas, mientras que otras 18,126 están en etapa de planeación.
La aprobación de este dictamen marca un cambio sustancial en la política habitacional del país, al integrar la producción directa de vivienda como una herramienta del Estado. La reforma busca incidir en el déficit habitacional mediante la intervención directa de los organismos públicos, aunque persisten las discrepancias sobre los mecanismos de financiamiento y la gestión de los fondos de los trabajadores que sustentan estas nuevas facultades.
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