Mexicali, 25 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California logró la vinculación a proceso del exgobernador Jaime Bonilla Valdez, quien deberá enfrentar un juicio penal por su presunta responsabilidad en la firma de un contrato irregular para la construcción de una planta fotovoltaica. La decisión fue emitida por el juez Gerardo Anguiano Ceja tras una audiencia que inició la mañana del 23 de marzo, donde se determinó que existen elementos suficientes para proceder legalmente en contra del exfuncionario.
El caso se centra en un acuerdo firmado durante la administración de Bonilla con la empresa Next Energy, el cual contemplaba una inversión de 4,500 millones de pesos con una vigencia de 30 años. Según la acusación presentada por la autoridad estatal, el gobierno local realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la contratista; sin embargo, la obra nunca fue construida, lo que derivó en un presunto daño al patrimonio público.
Durante la audiencia, la defensa de Bonilla, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó argumentos para contrarrestar las imputaciones de la Fiscalía. Aunque la investigación no detalla las cinco líneas argumentativas específicas esgrimidas por los defensores, el proceso judicial avanzó hacia la formalización de la causa penal, estableciendo las medidas cautelares correspondientes para el exgobernador.
Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de tensión política entre el exmandatario y la actual gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila. Cabe destacar que, aunque Bonilla llegó al poder en 2019 bajo la bandera de Morena y gobernó hasta 2021, actualmente se desempeña como dirigente del Partido del Trabajo (PT), lo que añade una dimensión partidista al conflicto institucional desatado por la denuncia de corrupción.
La vinculación a proceso marca un punto de inflexión en la lucha anticorrupción en la entidad, donde la Fiscalía busca recuperar los recursos entregados a Next Energy sin contraprestación alguna. Las autoridades continúan con las diligencias necesarias para esclarecer la fecha exacta en que se realizó la transferencia de los fondos y el estatus actual de dicho dinero, mientras el exgobernador queda sujeto a la justicia por su participación en dicho contrato.
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