Washington, 25 de marzo de 2026.- Una jueza federal en California ordenó al gobierno del presidente Donald Trump el regreso a Estados Unidos de María de Jesús Estrada Juárez, una ciudadana mexicana que fue deportada a pesar de contar con protección activa bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). La magistrada Dena Coggins emitió el fallo tras determinar que el estatus del programa protegía a la migrante de la deportación, generando un nuevo frente de conflicto legal entre el poder judicial y la administración federal.
Estrada Juárez, de 42 años, fue arrestada el 18 de febrero en Sacramento cuando se presentó a una entrevista para ajustar su estatus migratorio junto a su hija, quien es ciudadana estadounidense. Aunque la migrante no tenía antecedentes penales y residía en el país desde hace más de dos décadas, agentes de inmigración invocaron una orden de expulsión emitida en 1998, cuando ella era menor de edad, y procedieron a su traslado a la frontera.
La decisión judicial pone en evidencia la contradicción entre las órdenes de deportación masiva ejecutadas por la administración Trump y las protecciones legales vigentes para ciertos grupos de migrantes. El caso ha llamado la atención pública debido a que la detención ocurrió dentro de las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), donde la mujer acudió de manera voluntaria para regularizar su situación.
Este episodio se desarrolla en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, donde el Departamento de Seguridad Nacional ha intensificado las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Mientras el gobierno federal ejecuta deportaciones, el sistema judicial interviene para frenar acciones que consideran violatorias de los derechos de residentes con estatus protegido, como lo establecido en el programa DACA creado durante la presidencia de Barack Obama.
La tensión legal se extiende hasta la capital del país, donde el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene programada una audiencia clave para el 24 de marzo referente a las políticas de asilo. En este escenario, figuras como el juez presidente John G. Roberts Jr. y la magistrada Amy Coney Barrett podrían definir el rumbo de las interpretaciones constitucionales sobre la inmigración, mientras asesores del trumpismo, como Tom Homan, mantienen una postura de línea dura respecto al control fronterizo.
Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, reporta la operación del programa ‘México te Abraza’, el cual ha atendido a 189,830 connacionales hasta el 18 de marzo de 2026. La estrategia busca brindar apoyo a los deportados que retornan al territorio nacional, aunque organizaciones civiles y medios de comunicación han cuestionado la efectividad y transparencia de dichos mecanismos ante el aumento de flujos de retorno forzado.
La orden de la jueza Coggins obliga ahora a las autoridades federales a restituir la protección de DACA a Estrada Juárez y facilitar su retorno a suelo estadounidense, marcando un precedente en la batalla legal por los derechos de los migrantes indocumentados que llegaron al país siendo menores. El cumplimiento de este mandato judicial se vigila en medio de una creciente polarización entre las ramas ejecutiva y judicial del gobierno de Estados Unidos.
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