Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la revocación de la autorización como donataria autorizada a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, generando una polémica sobre el impacto de esta medida en la capacidad operativa de estos grupos y posibles motivaciones políticas detrás de la decisión fiscal.
La autoridad fiscal justificó la cancelación de los permisos, que permiten a los donantes deducir impuestos, como un procedimiento técnico-legal derivado del incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley de Ciencia. Según el SAT, en 2025 se aplicó este proceso a 270 entidades de un padrón superior a 10 mil, asegurando que todas tuvieron oportunidad de subsanar irregularidades antes de perder su registro y que la institución no distingue razones sociales ni socios en sus evaluaciones.
Sin embargo, la organización Amnistía Internacional calificó la decisión como un “golpe directo” a la defensa de derechos humanos, el apoyo legal a víctimas y la protección de territorios indígenas, advirtiendo que la medida se inscribe en una tendencia regional de adopción de “leyes anti-ONG” que, bajo el argumento de transparencia, buscan controlar y debilitar a la sociedad civil. El organismo señaló que las exigencias administrativas excesivas y los requisitos reiterativos desvían recursos de las causas sociales hacia la burocracia.
Una de las contradicciones más señaladas en el debate público es la discrepancia en los tiempos de resolución: mientras algunas organizaciones críticas enfrentaron procesos de hasta dos años o vieron revocados sus permisos por faltas administrativas, la asociación “Humanidad con América Latina A.C.”, vinculada al expresidente Andrés Manuel López Obrador, recibió su autorización de manera exprés en tan solo dos días. Este contraste ha alimentado las sospechas de un doble estándar en la aplicación de la normativa fiscal, aunque el SAT mantiene que su actuación es meramente técnica y autónoma.
La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada sobre el tema, afirmó desconocer los detalles específicos de cuántas y cuáles organizaciones fueron afectadas, presentando la revocación como una decisión técnica del SAT. No obstante, la percepción pública y las críticas de expertos sugieren que el acto tiene un impacto político significativo, especialmente al recordar que Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad ya había perdido su permiso en la administración anterior por recibir fondos del extranjero, un precedente que ahora se repite con otros think tanks y observadores ciudadanos.
Las organizaciones afectadas, que incluyen a Visión 2030, pueden continuar operando y recibiendo donativos, pero estos ya no serán deducibles de impuestos para quienes los otorgan, lo que reduce considerablemente el incentivo fiscal para el financiamiento privado de sus actividades. Hasta el momento, varias de las entidades no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la determinación, pero se espera que busquen revertir las revocaciones mediante recursos legales, dado que la pérdida del estatus limita su capacidad para atraer recursos corporativos y de individuos de altos ingresos.
Amnistía Internacional enfatizó que el debate de fondo no debe centrarse en una dicotomía entre control y libertad, sino en las implicaciones para la vigilancia del poder público, cuestionando: “¿Queremos un país donde nadie vigile al poder?”, al advertir que cuando las organizaciones no gubernamentales se debilitan, la corrupción y los abusos tienden a crecer. El llamado es a establecer reglas claras y justas que garanticen la transparencia sin asfixiar a quienes sostienen el tejido social, pues un México más seguro y democrático requiere, según la organización, de más sociedad civil y no de menos.
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