marzo 25, 2026
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Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados retomará las sesiones para analizar el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, tras el receso de Semana Santa. El diputado Hugo Eric Flores, titular de dicha comisión, confirmó que la sección instructora tiene la obligación de sesionar antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, buscando no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’.

El procedimiento legislativo responde a una acusación formal presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche en contra del exgobernador del estado, a quien se le imputa un presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por un monto de 83 millones de pesos. Este caso jurídico se suma al escrutinio administrativo que pesa sobre la gestión de Moreno Cárdenas al frente del ejecutivo campechano entre 2015 y 2019.

De acuerdo con reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), existen irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que datan de 2018, donde se identificaron posibles desvíos por 3 mil 435 millones de pesos. Aunque una parte de estas observaciones fue solventada o perdonada en años posteriores, cifras de enero de 2022 indicaban que aún permanecían pendientes por aclarar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones originales.

Analistas y organizaciones civiles han señalado que la gestión de David Colmenares al frente de la ASF resultó benévola para el priista en los últimos años, facilitando el perdón o la solventación de cuentas pendientes dejadas durante su sexenio. No obstante, la acusación penal actual por los 83 millones de pesos mantiene activa la presión legal para que el legislador pierda su inmunidad parlamentaria y pueda ser juzgado por la justicia ordinaria.

El proceso de desafuero cuenta con la participación de actores como Ricardo Gabriel López Ruiz y Pablo Angulo Briseño, quienes han seguido de cerca las implicaciones políticas y legales del caso. La decisión de la Comisión Instructora de retomar las sesiones después del descanso vacacional marca el siguiente paso crítico para determinar el futuro jurídico de Alejandro Moreno Cárdenas, quien actualmente combina su liderazgo partidista con su cargo como senador.

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