entrevista con jaime bonilla, ex gobernador de baja california
Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato firmado con la empresa Next Energy para un proyecto fotovoltaico que no se concretó. La decisión fue emitida después de una audiencia que se prolongó por casi 24 horas, iniciada el 23 de marzo, en la que la autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para someter a juicio al exmandatario, quien actualmente funge como dirigente estatal del Partido del Trabajo.
Durante el procedimiento, la defensa de Bonilla Valdez, encabezada por los abogados Humberto Velazco e Hiram Sánchez, presentó cinco líneas argumentativas para contrarrestar las acusaciones de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Los defensores sostuvieron que los delitos imputados, específicamente el abuso de autoridad y el peculado, estarían relacionados con actos de corrupción que deberían ser investigados por la fiscalía especializada en la materia y no por la instancia actual. Asimismo, argumentaron que el pago de 123 millones de pesos mensuales comprometidos en el proyecto se realizó entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022, periodo en el que Bonilla ya no se encontraba en funciones, por lo que consideraron que no existían pruebas para vincularlo por hechos posteriores a su gestión.
La Fiscalía, por su parte, expuso 18 tomas de elementos de prueba recabados en contra del exsenador. Entre los puntos centrales de la acusación se encuentra que el contrato plurianual firmado con Next Energy para la construcción de una planta en el Valle de Mexicali no cumplió con las fracciones del artículo 13 de la Ley de Asociaciones Público Privadas. Además, se señaló que el exgobernador presuntamente utilizó sus atribuciones constitucionales y legales para estructurar y posibilitar la contratación, a pesar de tratarse de una competencia federal. El proyecto contemplaba compromisos de pago por 30 años y generó acusaciones de daño al erario estatal debido a que la planta nunca fue construida.
Respecto al delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, la defensa alegó que la situación estaba relacionada con la adquisición de un crédito fiscal y que lo ocurrido con el proyecto fotovoltaico fue un contrato para la adquisición de un servicio, no para la construcción de la planta, lo cual, según sus abogados, no cumplía con las condiciones para la tipificación de dicha actividad ilegal. Sin embargo, el juez de control determinó vincular a proceso a Jaime Bonilla Valdez, estableciendo una garantía económica fijada alrededor de 100 mil pesos y un plazo de seis meses para la investigación complementaria.
Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente asumió la dirigencia estatal del PT. Este caso judicial concentra atención política por las implicaciones financieras del contrato y las acusaciones de irregularidades en permisos y compromisos durante su administración. Tras la resolución, el proceso continuará para determinar las medidas cautelares correspondientes, mientras la defensa mantiene su postura de que el exgobernador es inocente hasta que se determine su responsabilidad mediante sentencia, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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