Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que se extiende a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que han sido notificadas o están en proceso de baja. La decisión surge de una discrepancia administrativa respecto a las nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades ante la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).
De acuerdo con la información disponible, 13 organizaciones ya han sido dadas de baja formalmente, mientras que el resto enfrenta la incertidumbre sobre la continuidad de sus beneficios fiscales. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, aseguró haber cumplido puntualmente con sus obligaciones fiscales y con la acreditación solicitada por la SECIHTI. Sin embargo, el SAT determinó que dicha secretaría no contaba con las atribuciones legales para realizar dicha acreditación, motivo por el cual procedió a la revocación del estatus.
Esta contradicción entre los argumentos del instituto y la acción de la autoridad fiscal deja a las organizaciones en un limbo jurídico, pues realizaron los trámites conforme a lo solicitado por las dependencias gubernamentales, solo para ver rechazada su validez posteriormente. La medida implica que estas entidades dejarán de poder emitir deducciones fiscales a sus donantes, lo cual impacta directamente en su capacidad de recaudación y operación.
El contexto de esta acción se da en un entorno donde diversas fuentes internacionales han señalado narrativas de criminalización hacia las organizaciones no gubernamentales, aunque en el caso específico mexicano la disputa se centra en la interpretación de las competencias burocráticas entre el SAT y la SECIHTI. No se han divulgado detalles específicos sobre las resoluciones finales de las nuevas solicitudes presentadas por los afectados, como la que el IMCO ingresó el 18 de noviembre.
La falta de claridad sobre las nuevas disposiciones y la lista completa de las entidades afectadas mantiene la tensión en el sector de la sociedad civil. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial que detalle el cronograma de regularización o los mecanismos para que estas organizaciones recuperen su estatus, dejando a más de un centen de grupos sociales a la espera de una definición que garantice su operatividad.
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