Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Los gobernadores de Puebla y Sonora, Alejandro Armenta Mier y Alfonso Durazo Montaño, respectivamente, dieron a conocer resultados de políticas estatales en materia de infraestructura hídrica y desempeño económico laboral durante el 22 de marzo de 2026. Las acciones forman parte de modelos de gestión coordinados con el gobierno federal de Claudia Sheinbaum.
En Puebla, la supervisión de una planta de tratamiento de agua representa una inversión de 69.45 millones de pesos, de los cuales 85 por ciento corresponde al Gobierno Estatal. La infraestructura tiene capacidad de 60 litros por segundo y beneficiará a más de 32 mil habitantes, con una reducción del consumo energético de 70 por ciento.
Rebeca Bañuelos, directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (CEASPUE), explicó que la tecnología de la planta garantiza el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, optimizando recursos y reduciendo costos de mantenimiento. Esta obra se integra al modelo de gestión hídrica sustentable del estado.
Por su parte, Sonora reporta indicadores de pobreza laboral del 59.7 por ciento en el periodo 2024-2025, según el Semáforo de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El estudio indica que Sonora es el séptimo estado con menor persistencia de pobreza laboral en el país.
El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que Sonora se mantiene en el bloque de desempeño favorable en pobreza laboral. Los resultados se atribuyen al Plan Sonora de Energías Sostenibles, enfocado en industria, exportación y manufactura avanzada.
Las noticias reportan acciones separadas de dos gobernadores estatales en fechas coincidentes, reflejando diferentes enfoques de política pública: mientras Puebla prioriza la infraestructura hídrica sustentable, Sonora concentra esfuerzos en el sector energético y manufacturero para mejorar indicadores sociales.
Ambas iniciativas se desarrollan en el contexto de la coordinación entre gobiernos estatales y la administración federal, buscando alinear objetivos de desarrollo regional con políticas nacionales de sustentabilidad y reducción de desigualdad.