Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- Más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México han visto revocada su autorización para recibir donativos deducibles de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), según se dio a conocer a partir del 19 de diciembre de 2025. Entre las instituciones afectadas se encuentran Mexicanos Primero y México Evalúa, las cuales han confirmado que continúan prestando sus servicios con normalidad a la espera de la resolución formal de la autoridad fiscal.
La situación surge tras la notificación de la cancelación del estatus de donatarias autorizadas, un mecanismo que permite a los contribuyentes deducir las donaciones realizadas a estas entidades. Aunque los comunicados emitidos por las organizaciones no especifican los motivos detallados que llevaron a esta decisión administrativa, el hecho ha generado incertidumbre respecto al futuro operativo de dichas instituciones que dependen parcialmente de estos incentivos fiscales para captar recursos.
Mexicanos Primero y México Evalúa, mediante declaraciones públicas, señalaron que mantienen sus operaciones activas mientras aguardan la respuesta definitiva del SAT. Sin embargo, la investigación disponible no detalla el nombre del funcionario o área específica responsable de la resolución, ni el plazo legal exacto para que la autoridad emita una contestación formal a las inconformidades presentadas.
La lista completa de las más de 100 organizaciones impactadas por esta medida no ha sido difundida en su totalidad, lo que limita la identificación de todos los actores involucrados en este proceso administrativo masivo. La falta de claridad sobre los argumentos específicos que motivaron la revocación impide, por el momento, determinar si se trató de un error administrativo, un cambio de criterios o una evaluación de cumplimiento normativo.
Este evento marca un precedente significativo para el tercer sector en México, dado que la pérdida del beneficio fiscal podría afectar la capacidad de recaudación de fondos privados para proyectos de educación, evaluación de políticas públicas y otras causas sociales. Las organizaciones afectadas continúan a la espera de que el SAT aclare el estatus de sus autorizaciones para poder ofrecer certidumbre a sus donantes.
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