Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció la suspensión de los permisos de más de 100 organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles de impuestos, debido al incumplimiento de la reglamentación aplicable. Entre las entidades afectadas se encuentran Mexicanos Primero, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aunque la lista completa no ha sido detallada por la autoridad fiscal.
En un comunicado oficial, el SAT precisó que la medida responde a que dichas organizaciones no lograron satisfacer los requisitos establecidos para mantener su estatus como donatarias autorizadas. La dependencia no especificó los puntos exactos de la normativa que fueron violados ni el número preciso de entidades que fueron suspendidas temporalmente frente a aquellas dadas de baja definitivamente.
De acuerdo con lo estipulado en la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), las organizaciones que tengan su permiso suspendido cuentan con un plazo de 12 meses para regularizar su situación y recuperar la autorización. En caso de no lograrlo dentro de este periodo, estarán obligadas legalmente a destinar todo su patrimonio a otra donataria que cuente con una autorización vigente.
Fuentes relacionadas con el sector indicaron que algunas de las ONG impactadas ya se encuentran trabajando para resolver su situación administrativa ante el SAT. Estas organizaciones manifestaron su expectativa de obtener una respuesta favorable sobre la revalidación de sus permisos a más tardar el 31 de marzo de 2026, fecha clave para definir el rumbo inmediato de sus operaciones de captación de fondos.
La decisión de la autoridad fiscal genera incertidumbre en el tercer sector, dado que la capacidad de emitir recibos deducibles es fundamental para la sostenibilidad financiera de muchas de estas instituciones. Hasta el momento, no se han publicado respuestas oficiales detalladas por parte de Mexicanos Primero, México Evalúa o el IMCO respecto a las causas específicas de la suspensión ni sobre las estrategias legales que podrían emprender.
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