Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Juzgado Sexto en Materia Administrativa emitió una sentencia que autoriza al Gobierno de la Ciudad de México y a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama a proceder con la adopción de 936 perros y gatos rescatados del Refugio Franciscano. La resolución judicial establece que negar esta posibilidad implicaría interponerse a que los animales encuentren familias capaces de satisfacer sus necesidades básicas y brindarles condiciones de bienestar y desarrollo.
La decisión responde a un conflicto legal surgido tras el desalojo del refugio, ubicado en Cuajimalpa, el pasado 7 de enero de 2026, donde los animales fueron retirados ante presuntas condiciones de abandono y maltrato. En su sentencia, el poder judicial priorizó el interés superior de los seres sintientes sobre las disputas administrativas, validando la legalidad de las actuaciones de la autoridad en materia de protección animal.
Fernando García Juárez, representante legal de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, declaró que con este fallo queda superado cualquier intento dilatorio, por lo que no existe pretexto alguno para impedir que los animales accedan a una segunda oportunidad de vida digna mediante adopciones responsables. El comunicado de la fundación enfatiza que la resolución confirma la prevalencia del bienestar animal como principio rector en estos casos.
El Refugio Franciscano operó durante 48 años en el predio que actualmente es objeto de una disputa legal por la propiedad del terreno, la cual fue restituida a los administradores de la fundación tras el desalojo. Aunque existen recursos presentados por asociaciones vinculadas al antiguo manejo del refugio, la sentencia actual desbloquea el proceso para reubicar a los 936 caninos y felinos que permanecían bajo custodia de las autoridades.
Con esta autorización, se abre la vía para que las instituciones involucradas inicien los mecanismos de adopción, buscando colocar a los animales en hogares que garanticen su cuidado y cariño. La resolución marca un precedente al considerar que el estancamiento legal no debe traducirse en una privación prolongada de derechos para los animales rescatados de situaciones de riesgo.
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