Fotografía de archivo del 17 de octubre de 2025 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, hablando durante un acto público en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han iniciado una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, debido a posibles vínculos con actividades de narcotráfico. La acción legal surge en un contexto de tensión diplomática entre Washington y Bogotá, marcada por desacuerdos en materia migratoria y antidrogas desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.
De acuerdo con información citada por The New York Times, tres personas familiarizadas con el asunto confirmaron la existencia de la indagatoria, la cual se encuentra en fase inicial. Los organismos estadounidenses buscan determinar la veracidad de reportes sobre reuniones no autorizadas y solicitudes de donaciones que podrían relacionar al mandatario colombiano con redes ilegales de estupefacientes.
Ante las solicitudes de medios para obtener detalles sobre el caso, Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios al respecto. De igual forma, no se ha registrado una declaración oficial por parte de la Presidencia de Colombia ni de la Fiscalía Federal de Brooklyn sobre el alcance específico de las acusaciones o las pruebas recolectadas hasta el momento.
Esta investigación se desarrolla mientras la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un periodo crítico. Desde enero de 2025, ambos gobiernos han enfrentado disputas por la negativa de Bogotá a接收 vuelos militares estadounidenses con deportados y la reciente descertificación de Colombia por parte de Washington en cuanto a su desempeño en la lucha contra el tráfico de drogas.
La apertura de este caso federal representa un desafío significativo para la administración de Petro, quien podría enfrentar consecuencias legales y políticas si se avanzan las pruebas en su contra. Por ahora, la falta de evidencia concreta divulgada públicamente y la reserva de las autoridades judiciales mantienen la situación en un estado de incertidumbre jurídica y diplomática.
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