Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, de las acusaciones por financiamiento ilícito a favor del partido Morena. La resolución, emitida entre el 18 y 19 de marzo de 2026, concluyó que no hay pruebas contundentes que sustenten los cargos, poniendo fin definitivo a un proceso legal que se originó en agosto de 2020.
El caso tiene su origen en la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. En las imágenes se mencionan montos de 1 millón de pesos y 400 mil pesos. A pesar de esta evidencia visual, la magistrada Mónica Soto y el resto de la Sala Superior determinaron que los elementos presentados no fueron suficientes para configurar el delito de financiamiento ilícito, cerrando así la impugnación que el hermano del mandatario había presentado desde octubre de 2020.
Esta decisión judicial contrasta con la percepción de diversas fuentes periodísticas y las contradicciones señaladas en el expediente, las cuales enfatizan que los videos muestran claramente la recepción de efectivo sin que existiera un rastreo del dinero. Pío López Obrador ha mantenido su postura de no haber cometido ninguna falta o delito, alineándose con la conclusión del tribunal que archivó el caso por falta de elementos probatorios contundentes, ignorando la evidencia visual como base para una condena.
El trayecto legal de este asunto incluyó múltiples instancias previas antes de llegar a la resolución definitiva del TEPJF. El Instituto Nacional Electoral (INE) había cerrado su investigación en 2021 alegando prescripción de la falta administrativa. Posteriormente, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal en octubre de 2022, también por falta de elementos para proceder. La decisión de marzo de 2026 representa el último capítulo de una saga que involucró al periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió el material a través de Latinus, y que mantuvo en el debate público la relación entre el familia presidencial y los recursos del partido gobernante.
Con este fallo, se cierra la vía legal para sancionar a Pío López Obrador por los hechos de 2015, consolidando la postura de la defensa que negó cualquier irregularidad. La resolución llega en un contexto donde el hermano del presidente ha buscado limpiar su imagen pública, incluso emprendiendo acciones legales contra quienes considera han afectado su prestigio, como es el caso de las demandas contra Carlos Loret de Mola, cuyo resultado actual no fue especificado en la resolución del tribunal electoral.
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