Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly presentaron una declaración ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York solicitando autorización para que el Gobierno de Venezuela financie la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan acusaciones por narcotráfico en ese distrito judicial. La defensa argumenta que sus clientes carecen de recursos personales para costear su representación debido a las sanciones económicas impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
En la documentación presentada este viernes, los abogados sostienen que la OFAC no ha autorizado que el Ejecutivo venezolano pague los honorarios de los defensores, lo cual consideran una interferencia con el derecho de Maduro y Flores a elegir su representación legal. Según el argumento expuesto, las restricciones financieras vigentes desde 2015 impiden el acceso a fondos que permitan cubrir los gastos del proceso penal.
Nicolás Maduro y Cilia Flores, en una declaración jurada anexa al movimiento legal, aseguraron no tener capacidad económica para pagar a sus abogados y manifestaron su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere. No se especificó en los documentos el monto exacto necesario para la defensa ni los detalles de las pruebas que podrían ser sometidas a la corte.
La solicitud se realiza a pocos días de la audiencia prevista para el 26 de marzo de 2026, fecha en la que se espera que la defensa busque la desestimación del caso por irregularidades legales. El tribunal, presidido por el juez federal Alvin Hellerstein, deberá evaluar la petición en un contexto donde Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.
La investigación no detalla la postura oficial del Gobierno de Venezuela respecto a asumir estos costos, ni confirma si la Fiscalía estadounidense reconoce la viabilidad de tal financiamiento o si se trata únicamente de un alegato de la defensa. Las sanciones de la OFAC han limitado históricamente las transacciones financieras del Estado venezolano en territorio estadounidense.
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