Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, junto con una docena de ciudades y condados de Estados Unidos, presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocatoria de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue formalizada este jueves ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, marcando un nuevo frente de batalla legal contra las políticas ambientales del gobierno federal.
El núcleo de la demanda argumenta que la EPA actuó de manera ilegal al decidir revocar una conclusión científica establecida en 2009, la cual determinaba que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Según los demandantes, la decisión de la administración Trump, tomada en febrero de 2026, contraviene el consenso científico existente y carece de fundamento legal para deshacer dicha protección regulatoria.
Esta ofensiva legal de los gobiernos estatales y locales se suma a una demanda anterior interpuesta por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado la validez de la medida ejecutiva. Se prevé que ambos casos converjan en el proceso judicial, consolidando la oposición frente a la política de desregulación ambiental impulsada desde la Casa Blanca.
La coalición de demandantes abarca una amplia representación geográfica y política, aunque la investigación actual no detalla la lista específica de los 24 estados ni los nombres de las ciudades y condados involucrados. Tampoco se han hecho públicas las identidades concreto de las organizaciones ecologistas que apoyan la litigación, más allá de su mención general como parte del bloque opositor.
El caso pone a prueba la autoridad de la EPA para modificar estándares basados en hallazgos científicos de larga data y podría definir el rumbo de la regulación climática en Estados Unidos durante el resto del año. La presentación de la demanda ocurre en un contexto de polarización respecto a las medidas de protección ambiental, donde la administración federal prioriza la reducción de trabas regulatorias frente a las advertencias de autoridades locales y científicas.
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