Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- El gobierno del presidente Nayib Bukele presentó este jueves una propuesta legislativa para establecer la pena de cadena perpetua para menores de edad que hayan cometido asesinatos o violaciones. La iniciativa, expuesta ante la Asamblea Legislativa, tiene como objetivo modificar la Ley Penal Juvenil y se suma a la reforma constitucional aprobada el martes anterior que instauró la prisión de por vida para adultos responsables de homicidios, violaciones y terrorismo.
Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad Pública y Justicia, fue el encargado de presentar la propuesta ante los legisladores. El funcionario justificó la medida argumentando que la legislación penal juvenil actual ha funcionado como un mecanismo que proporciona “recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales”. Según Villatoro, la nueva normativa busca eliminar esa percepción de impunidad al equiparar las sanciones máximas para adolescentes en casos de delitos de especial gravedad.
Francis Merino, ministro de Defensa, también participó en la presentación de la iniciativa junto al gabinete de seguridad. La propuesta implica desplazar el límite de condena máximo que hasta ahora era de 60 años de cárcel, sustituyéndolo por la pena de prisión perpetua. El texto de la reforma habilita que, en casos de concurso real de delitos, las penas puedan fundirse en una sola condena perpetua si alguno de los ilícitos corresponde a aquellos agravados.
Esta acción legislativa representa un endurecimiento significativo del régimen de sanciones en el país centroamericano. Previamente, la Constitución salvadoreña prohibía expresamente la pena perpetua, restricción que fue eliminada con la aprobación de la reforma constitucional impulsada por el ejecutivo a principios de esta semana. La norma que ahora incluye a los menores deberá ser sometida a votación y aprobación legislativa en los próximos días para entrar en vigor.
La administración de Bukele ya había realizado movimientos previos en materia de justicia juvenil. En febrero de 2025, el Congreso reformó una ley que permite enviar a menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde permanecen separados de los reclusos mayores de edad hasta cumplir los 18 años. La nueva propuesta de cadena perpetua marca un paso adicional en la política de seguridad del gobierno, extendiendo las consecuencias penales máximas a la población adolescente.
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