Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un caso de presunto huachicol fiscal que involucra 21.5 millones de litros de diésel, tras ser anulado el proceso penal por un tribunal federal de Veracruz debido a falta de procedibilidad. La decisión fue tomada el 18 de marzo de 2026 y pone en discusión si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) deben representar el interés fiscal en este tipo de casos.
De acuerdo con información publicada por La Jornada, este caso representa el de huachicol fiscal más relevante hecho público en el país. Los involucrados en el proceso son Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes enfrentan acusaciones relacionadas con el presunto contrabando de combustible.
El tribunal federal de Veracruz anuló el proceso penal original por no cumplirse el requisito de procedibilidad. Entre las irregularidades detectadas se encuentra la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la ANAM, así como una citación incorrecta en la audiencia inicial del caso.
La Suprema Corte ahora deberá determinar cuál autoridad fiscal tiene la legitimidad para representar los intereses del Estado en procesos de esta naturaleza. Esta cuestión jurídica podría establecer un precedente importante para futuros casos de contrabando de combustible en México.
La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables está vinculada al caso, aunque la ubicación específica de sus operaciones no fue detallada en los documentos disponibles. Tampoco se precisó el monto económico total del presunto contrabando, más allá del volumen de 21.5 millones de litros de diésel reportado.
Con esta atracción de caso, la SCJN busca clarificar los procedimientos legales que deben seguirse en materia de huachicol fiscal, particularmente en lo concerniente a la participación de las autoridades aduaneras y tributarias en la representación del interés fiscal durante procesos penales de esta índole.
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