Por Redacción
Ciudad de Mexico, 20 de marzo de 2026.- Una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Justicia de Guerrero, por los delitos de posesión de cartuchos y contra la salud. La decisión judicial se tomó el 18 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, donde la funcionaria de 73 años de edad quedó sujeta a un plazo de investigación complementaria de dos meses.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la autoridad también investiga a Estrada por su presunta implicación en el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las indagatorias se centran en la hipótesis de que la exfuncionaria habría desaparecido material clave para la reconstrucción de los hechos, específicamente los videos de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala, correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Tras la emisión de la vinculación a proceso, Blanca María del Rocío Estrada fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla. La medida cautelar fue dictada luego de que se le encontraran en su posesión cartuchos y medicamentos controlados, motivos por los cuales enfrenta cargos penales directos además de las investigaciones relacionadas con la obstrucción de justicia en el caso Ayotzinapa.
La desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, continúa siendo uno de los casos más emblemáticos de impunidad y búsqueda de verdad en México. La pérdida de los registros videográficos del Palacio de Justicia de la localidad ha sido señalada como un obstáculo para esclarecer la dinámica de los ataques y la participación de autoridades locales aquella noche.
Con esta vinculación a proceso, la FGR busca determinar el grado de responsabilidad de la exsubprocuradora en la sustracción o destrucción de dichas pruebas. El procedimiento legal se encuentra en fase de investigación complementaria, periodo durante el cual la fiscalía deberá presentar mayores elementos para sustentar la acusación por los delitos contra la salud y la posesión ilícita de municiones, así como profundizar en la línea de investigación sobre el caso de los 43.
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