Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La crisis en el sistema de justicia penal mexicano se profundiza ante la combinación de una impunidad estructural y un aumento en la violencia contra las fuerzas de seguridad, según datos recientes de organizaciones civiles. Mientras que solo 10.55% de los casos logran una resolución efectiva, 82 policías fueron asesinados entre enero y el 10 de marzo de 2026, lo que refleja la gravedad del entorno operativo para las corporaciones.
De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, presentado por México Evalúa con base en datos del INEGI, el 93.8% de las denuncias derivan en la apertura de una carpeta de investigación. Sin embargo, esta cifra no se traduce en resultados concretos, pues únicamente 6.28% de esos expedientes llegan a una acción penal, evidenciando un colapso en la cadena de justicia que deja a la mayoría de las víctimas sin reparación.
La falta de confianza en las instituciones queda demostrada por los altos índices de subregistro. En estados como Coahuila y Durango, el 90.7% y 92.6% de los delitos respectivamente no fueron denunciados durante el periodo analizado. Estos números sugieren que la población percibe al sistema judicial como ineficaz o inseguro, optando por no acudir a las autoridades incluso cuando son víctimas de ilícitos.
En paralelo, la organización Causa en Común informó sobre la letalidad que enfrenta el personal policial en el inicio de 2026. El reporte indica que 82 agentes perdieron la vida en los primeros dos meses y medio del año, una cifra que alerta sobre la exposición al riesgo y la posible infiltración del crimen organizado en las estructuras de seguridad local y federal.
La convergencia de estos dos fenómenos, la incapacidad del sistema para procesar delitos y la violencia directa contra quienes deben investigar y prevenir el crimen, configura un escenario de alta vulnerabilidad social. Los datos presentados por ambas organizaciones civiles subrayan que la reforma al sistema de justicia penal no ha logrado consolidar un modelo capaz de garantizar derechos ni proteger adecuadamente a sus operadores.
Ante este panorama, la discusión pública se centra en la necesidad de revisar los protocolos de actuación y fortalecer las capacidades institucionales para romper el ciclo de impunidad. La situación actual requiere no solo de medidas reactivas ante los asesinatos de policías, sino de una transformación profunda en la gestión de las carpetas de investigación para que las cifras de resolución efectiva dejen de ser marginales.
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