Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan denuncias formales contra ex y actuales funcionarios de la institución por la presunta destrucción y alteración de miles de estructuras mayas durante la construcción del Tren Maya. Las acusaciones, calificadas como “crímenes de lesa arqueología”, señalan que bajo el argumento de proyectos de desarrollo como los “Parques de la Memoria”, se han desmantelado vestigios originales para reconstruirlos sin contexto histórico en sitios como Chetumal y Xpujil.
La Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, junto con el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia, identifica como responsables a Diego Prieto, exdirector del INAH, así como a los actuales funcionarios Margarito Molina, director del Centro INAH en Quintana Roo, y Manuel Pérez Rivas, encargado del salvamento arqueológico del proyecto ferroviario. Los denunciantes aseguran que las acciones fueron avaladas por miembros del Consejo de Arqueología, rompiendo con la secuencia original de las piedras y eliminando información clave para el estudio científico de las civilizaciones antiguas.
Según cifras aportadas por el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, más de 62,000 estructuras mayas no han sido recuperadas adecuadamente hasta 2026. La controversia se centra específicamente en el parque Balam Tun, donde se reporta la reubicación de 36 monumentos arqueológicos, y en el proyecto de Chetumal, donde supuestamente se restauraron 47 monumentos utilizando piezas desmanteladas y recombinadas. Los expertos sostienen que estas intervenciones alteran la autenticidad histórica y convierten los hallazgos en escenografías modernas carentes de valor patrimonial real.
Las denuncias apuntan que en localidades como Campeche, Xpujil y Chetumal se utilizó maquinaria pesada y métodos de construcción que priorizaron la estética de los nuevos parques sobre la conservación integral de los sitios. A diferencia de los procedimientos estándar de salvamento, que buscan documentar y preservar el contexto, los investigadores alegan que se realizó una “deconstrucción” de los sitios originales para montar exhibiciones en lugares distintos, lo que constituye una violación a las leyes federales de protección al patrimonio.
Este conflicto interno en el INAH marca un precedente grave, pues son los propios guardianes del patrimonio quienes señalan a sus superiores de facilitar la pérdida irreversible de datos históricos. La preparación de las acciones legales busca llevar el caso ante el Ministerio Público para investigar posibles delitos contra el patrimonio cultural de la nación, aunque hasta el momento no se ha presentado una respuesta oficial por parte de los funcionarios acusados ni del gobierno federal sobre estas irregularidades.
La situación pone en evidencia la tensión entre el desarrollo de infraestructura en el sureste mexicano y la preservación científica de la zona maya. Mientras las obras del Tren Maya continúan, la comunidad arqueológica exige la detención de estas prácticas en los parques memoriales y la apertura de una investigación transparente que determine la magnitud del daño causado a la historia precolombina de México.
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