Por Redacción
Diputados, 19 de marzo de 2026.- Legisladores de la coalición oficialista en el Senado y la Cámara de Diputados aceleran los debates para modificar la Ley de Revocación de Mandato como parte del llamado Plan B Electoral, con el objetivo de permitir que el proceso se lleve a cabo en 2027 y eliminar candados que actualmente impiden a la presidenta Claudia Sheinbaum hacer campaña activa para su destitución o permanencia. La iniciativa cuenta con el respaldo explícito de senadores del PVEM y del PT, quienes anticipan una votación favorable pese a reservas internas sobre la oportunidad política del movimiento.
Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, señaló que existen pronósticos de que la participación ciudadana en un eventual proceso de revocación podría alcanzar el 80 por ciento de la lista nominal, superando holgadamente el umbral constitucional requerido. Esta estimación sirve de base para los argumentos de la bancada gobernante, que busca reducir las firmas necesarias para solicitar el mecanismo del 3 por ciento actual a niveles que faciliten la activación del procedimiento, aunque los detalles técnicos de esta propuesta aún no han sido hechos públicos en el texto definitivo de la iniciativa.
Manuel Velasco Coello, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que 13 de los 14 integrantes de su bancada en la Cámara Alta votarán a favor de los ajustes legislativos. El legislador destacó que la reducción del porcentaje de firmas requeridas es un punto clave para democratizar el mecanismo, aunque críticos fuera de la coalición han comenzado a señalar que estas modificaciones podrían convertir el proceso en una herramienta de autopromoción gubernamental más que en un ejercicio de rendición de cuentas.
La discusión se centra en la eliminación del plazo que obliga a esperar tres meses después de la mitad del sexenio para activar la revocación, un candado que actualmente bloquearía cualquier intento formal antes de 2028. Al modificar este artículo, la administración federal abriría la puerta para que la consulta se realice durante el año 2027, alineando el calendario con la estrategia política de la presidenta Sheinbaum, quien hasta el momento no ha emitido declaraciones directas sobre su postura respecto a someterse a este escrutinio anticipado.
Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, encabeza la tramitación de la iniciativa en paralelo a la renovación de consejerías del Instituto Nacional Electoral, un proceso que ha generado tensiones con la oposición debido a la percepción de que los cambios legales buscan debilitar la autonomía del organismo garante. La rapidez con la que se mueven las comisiones legislativas sugiere que el grupo parlamentario de Morena busca aprobar los cambios antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones.
A pesar de la mayoría calificada que ostenta la coalición Juntos Hacemos Historia, existen reportes de fricciones internas. Algunos legisladores del Partido del Trabajo (PT) y del PVEM han expresado en privado su resistencia a la idea de que la presidenta haga campaña para la revocación, considerando que podría ser contraproducente para la estabilidad política. No obstante, la disciplina partidista parece prevalecer, y se espera que la votación en el pleno refleje la unidad mostrada públicamente por los líderes de las fracciones.
El contexto político de esta reforma se da en medio de una estrategia más amplia del Plan B Electoral, que incluye recortes al presupuesto de los congresos locales, la reducción del número de regidores y la disminución del gasto electoral. La oposición, representada por el PAN, PRI y PRD, ha mantenido una postura crítica, aunque sus declaraciones específicas sobre esta modificación en particular no han sido integradas oficialmente al debate en las fuentes consultadas, centrando su atención en la renovación de los órganos electorales como prioridad de defensa institucional.
Se espera que en los próximos días se presente el dictamen final con los detalles precisos sobre la modificación al artículo 115 constitucional y las leyes secundarias. La aprobación de estos cambios marcaría un precedente significativo en la historia electoral reciente de México, al permitir que un mecanismo de participación ciudadana creado para el final del sexenio sea utilizado a mitad del camino, reconfigurando el mapa político de cara a las elecciones federales de 2027.
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