Por Redacción
Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Un derrumbe durante trabajos de demolición en el número 124 de la calle San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, causó la muerte de tres trabajadores y dejó un sobreviviente, desatando un conflicto político entre autoridades locales y el Gobierno de la Ciudad de México sobre la responsabilidad de la supervisión. El accidente ocurrió el 9 de marzo y ha revelado que existen 456 solicitudes de inspección pendientes de octubre de 2025 a marzo de 2026, así como 17 inmuebles en proceso de demolición considerados en riesgo.
El sobreviviente, identificado como Ángel Miranda, fue rescatado de los escombros, mientras que la identidad de los tres trabajadores fallecidos aún no ha sido revelada oficialmente. La empresa encargada de la demolición tampoco ha sido identificada públicamente, aunque se investigan presuntas irregularidades en la póliza de responsabilidad civil.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha señalado que su administración ha cumplido con solicitar las verificaciones necesarias, pero el Gobierno capitalino no ha respondido a las 456 solicitudes pendientes. Por su parte, el PAN capitalino, a través de Luisa Gutiérrez, respalda la gestión de Rojo de la Vega y critica la falta de acción del Gobierno central.
Existe un conflicto de atribuciones entre el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Cuauhtémoc sobre quién tiene la responsabilidad de verificar las demoliciones. Además, hay discrepancias sobre la aplicación del ‘Acuerdo de Facilidades’, que según algunas versiones limitaría la supervisión de la alcaldía.
La Fiscalía General de Justicia de la CDMX mantiene una investigación abierta sobre el caso, aunque aún no se han dado a conocer resultados específicos. El estado de salud actual de Ángel Miranda tampoco ha sido informado oficialmente.
Este incidente pone en evidencia las fallas en el sistema de supervisión de obras y demoliciones en la capital, en un contexto donde múltiples inmuebles se encuentran en proceso de renovación urbana. La tragedia ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de los protocolos de seguridad y la coordinación entre diferentes niveles de gobierno.
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