Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional denominada ‘Plan B’ electoral, cuyo contenido incluye modificar la revocación de mandato para que coincida con las elecciones intermedias y ajustar la integración de los cabildos municipales. La propuesta, presentada formalmente este martes, ha generado críticas por una omisión en el texto inicial sobre la paridad de género, la cual fue corregida por la Presidencia, y por señalamientos de que podría generar más gasto en algunos estados.
Según la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, la iniciativa busca reducir costos electorales y privilegios. Uno de sus puntos centrales es que la consulta de revocación de mandato presidencial se realice el primer domingo de junio del tercer año del gobierno, coincidiendo con las elecciones para diputados federales. Esto modificaría el mecanismo ejercido por primera vez en 2022, cuando participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón) y en el que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo 15.159 millones de votos a favor de su permanencia (91.8%).
En materia municipal, la propuesta establece que el número de regidores en los ayuntamientos oscilará entre 7 y 15, dependiendo del tamaño de la población. Además, limita el gasto de los congresos estatales al 0.7% del presupuesto total de la entidad. Sin embargo, el analista Elías Lixa ha criticado que, en el caso de Yucatán, mientras en Mérida se reducirían dos regidores, en el interior del estado aumentarían 221, lo que contradice el discurso oficial de ahorro.
La iniciativa generó una polémica inicial porque el texto enviado al Senado omitió la palabra ‘paritario’ al referirse a la integración de los cabildos, lo que fue interpretado por la oposición como una intención de eliminar la paridad de género. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, envió un oficio de corrección señalando que se trató de una omisión sin intención de prescindir de esa disposición constitucional.
La oposición y diversos analistas han señalado que el verdadero propósito de la reforma a la revocación es dar una ventaja electoral a Morena y a la presidenta Sheinbaum, permitiendo el proselitismo oficial durante el proceso. Los partidos aliados en la coalición gobernante, el Partido Verde y el PT, han expresado su apoyo a la propuesta, lo que allanaría su camino para su aprobación en el Congreso.
Esta iniciativa llega luego del rechazo a una reforma electoral más profunda, conocida como ‘Plan A’. El mecanismo de revocación fue incorporado a la Constitución en 2019 durante el gobierno de López Obrador. La propuesta de Sheinbaum se presenta en un contexto donde la presidenta busca consolidar su proyecto político tras haber obtenido 35.9 millones de votos (59.75% de los emitidos) en las elecciones de 2024.