Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juez federal ordenó reabrir la investigación complementaria contra el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como “huachicol fiscal”. La resolución, emitida en el Centro de Justicia Penal Federal, se tomó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara de forma reiterada a entregar la totalidad de la carpeta de investigación a la defensa del imputado, vulnerando su derecho a una defensa adecuada.
El juez Mariana Vieyra Valdés concedió un plazo de tres meses para que la FGR realice las indagatorias complementarias dentro de la causa penal 325/2025. La decisión judicial surge después de que la defensa legal del exmilitar, a cargo del despacho Epigmenio Mendieta, denunciara la falta de acceso a las pruebas en su poder. Previamente, la fiscalía había incumplido un plazo de cinco días para facilitar el expediente.
Manuel Farías Laguna se encuentra recluido en el penal del Altiplano, acusado de operar desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) una red de contrabando de diésel vinculada a la organización “Los Primos”. Su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, también señalado en el caso, permanece prófugo. El esquema llegó a la luz pública en marzo de 2025, tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas.
La defensa del exvicealmirante argumentó que la negativa de la FGR a transparentar el expediente completo impedía preparar una estrategia legal efectiva. Este argumento fue avalado por la juez, quien determinó que era necesario reabrir la fase de investigación para subsanar la vulneración procesal. El imputado había enviado previamente una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum denunciando violaciones a sus derechos.
El caso pone nuevamente en el centro del debate la opacidad en las investigaciones de la fiscalía y los desafíos para procesar delitos de corrupción de alto perfil dentro del aparato estatal. La reapertura de la investigación representa un revés para la FGR y otorga un respiro procesal a la defensa, que ahora tendrá acceso a la evidencia para intentar desvirtuar los cargos.
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