Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria con la construcción de un nuevo tramo de muro en la frontera con México, en medio de crecientes críticas por operativos internos que han resultado en muertes y la renuncia del jefe de la Patrulla Fronteriza. El gobierno estadounidense anunció una inversión aproximada de 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera, incluyendo un proyecto de 230 millas (370 kilómetros) de barrera, de las cuales 110 kilómetros se construirán entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investiga la muerte bajo custodia del solicitante de asilo afgano Mohammad Nazeer Paktiawal, mientras el comisionado de la Patrulla Fronteriza, Gregory M. Bovino, presentó su retiro.
La muerte de Paktiawal ocurrió mientras estaba bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Las autoridades reportaron que el hombre comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, aunque la causa oficial de muerte aún se desconoce y está bajo investigación por el DHS. Este caso se suma a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, durante operativos migratorios en Minneapolis, Minnesota, cuyas circunstancias específicas tampoco han sido aclaradas oficialmente.
En el ámbito de la seguridad fronteriza, el gobierno estadounidense movilizó recursos del Comando Norte y Sur para supervisar la construcción del muro, descrito como una estructura negra de acero. Aunque no se especificó una fecha exacta de inicio, los reportes indican que el avance del proyecto es una prioridad para la administración Trump. El retiro de Gregory Bovino, quien lideraba la Patrulla Fronteriza, se dio sin que se explicara públicamente si fue voluntario o forzado, generando interrogantes sobre la dirección de las operaciones en la frontera.
Las políticas han generado tensión política interna en Estados Unidos. En una audiencia congresional, el secretario asistente Joseph M. Humire se reservó ante una pregunta sobre un posible despliegue militar durante procesos electorales, mientras altos mandos militares afirmaron que no acatarían una orden ilegal. Estas declaraciones reflejan preocupaciones sobre la militarización de aspectos civiles bajo el actual gobierno.
El contexto de estas medidas se enmarca en una representación política significativa: cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano viven en Estados Unidos. Las críticas a los operativos migratorios en ciudades del interior del país no han tenido una respuesta oficial detallada por parte de la Casa Blanca o el DHS. Lo que sigue es una mayor vigilancia sobre el avance de la construcción y los resultados de las investigaciones de las muertes ocurridas bajo custodia, en un escenario donde la política migratoria sigue siendo un tema profundamente divisivo.
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