Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Una ola de violencia delictiva sacudió esta semana las ciudades de Tijuana y Mexicali, en Baja California, con incidentes que incluyen balaceras entre empleados de una empresa privada, un ataque con motocicleta y amenazas dentro de un penal. La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que solicitará una pena de hasta 120 años de prisión para una interna acusada de liderar una célula delictiva desde la cárcel, mientras investiga los demás hechos.
El jueves 13 de marzo, agentes municipales confirmaron una balacera en un taller mecánico de la colonia Anexa Postal, en Tijuana. El incidente involucró a empleados de una empresa privada, según reportes preliminares. Horas después, la mañana del 14 de marzo, se registró otro ataque armado en la colonia Baja California, en Mexicali. Testigos relataron que sujetos armados y encapuchados llegaron en una motocicleta y dispararon contra una persona identificada como Luis Jorge Arredondo Maravilla, cuya condición médica se desconoce.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Ma. Elena Andrade Ramírez, informó sobre avances en el caso de Ma. de la Luz Damián Andrade, alias ‘La Tía’ o ‘La Abuela’, quien fue capturada el pasado 27 de febrero. La funcionaria señaló que solicitarán la pena máxima para la acusada, que podría alcanzar los 120 años de cárcel, por su presunta participación en una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Andrade Ramírez mencionó la existencia de un video incriminatorio, aunque aclaró que este aún no ha sido integrado formalmente a la carpeta de investigación.
El contexto de violencia se extiende a otros casos recientes. El 16 de febrero, un atentado con explosivos dañó un vehículo en la colonia El Florido, Tijuana, causando pérdidas estimadas en un millón de pesos. Además, persiste la incógnita sobre la desaparición de Rogelio Santander, ocurrida el 6 de mayo de 2025 en la Zona Río de Tijuana. Las autoridades continúan sin localizar su cuerpo ni determinar el destino final de la víctima.
La Fiscalía también analiza videos para identificar a participantes de los daños a propiedad pública ocurridos durante las manifestaciones del 8 de marzo, aunque ha aclarado que por el momento no hay órdenes de aprehensión al respecto. La multiplicidad de incidentes, que abarcan desde violencia comunitaria hasta operativos contra el crimen organizado, refleja los complejos desafíos de seguridad que enfrenta la entidad, con la FGE como actor central en la coordinación de las investigaciones pendientes.
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