Por Redacción
Ciudad de México, 6 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el estado de Jalisco operan al menos 13 grupos criminales con presencia activa, según datos recabados en la investigación contra el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, detenido por presuntos delitos de extorsión, delincuencia organizada y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En la orden de aprehensión y el expediente ministerial al que tuvieron acceso diversos medios como El Universal y El País, la FGR detalla que la entidad registra la operación de organizaciones como el CJNG (con células como Los Cuinis y Grupo Delta), Cártel de Sinaloa (a través del Grupo Flechas), La Familia Michoacana, Beltrán Leyva (vía Los Mazatlecos o Cártel de Guasave), Los Viagras o Nueva Familia Michoacana, Cártel Santa Rosa de Lima, Cártel Nueva Plaza y Pájaros Sierra, entre otros.
La revelación surge del análisis de inteligencia, interceptaciones telefónicas y declaraciones ministeriales en la carpeta contra Rivera Navarro, alias “El Presidente”, quien fue capturado el 5 de febrero en la Operación Enjambre junto a tres funcionarios de su Ayuntamiento (Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, director de Obras Públicas). Las autoridades federales lo señalan por encabezar una red de extorsión a empresas cerveceras y tequileras —incluyendo posibles cobros a José Cuervo— y por supuestamente entregar pagos anuales de hasta 40 millones de pesos al CJNG.
Rivera Navarro, militante de Morena y electo en 2024, enfrenta también acusaciones de secuestro agravado (incluyendo a precandidatos de su propio partido para forzar renuncias), tortura, apología del delito (por eventos donde se proyectaron imágenes de El Mencho) y desvío de recursos. Se encuentra recluido en el penal del Altiplano con prisión preventiva oficiosa, mientras la FGR busca a otros implicados y profundiza en la colusión municipal-criminal.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, respaldó el operativo federal y afirmó que no hay crisis de gobernabilidad, aunque reconoció la complejidad de combatir la infiltración del crimen en gobiernos locales. El caso ha generado críticas de la oposición (PAN, PRI y MC), que lo usan para cuestionar la estrategia de seguridad de la administración federal y la penetración del crimen en estructuras municipales.
La FGR enfatiza que la investigación expone cómo el CJNG y otros grupos han expandido su influencia en Jalisco, utilizando gobiernos locales para extorsión, control territorial y lavado de recursos. Analistas destacan que la presencia de 13 agrupaciones confirma la fragmentación y alta violencia en la entidad, una de las más afectadas por el crimen organizado en México, y subrayan la necesidad de mayor coordinación federal-estatal para desmantelar estas redes.
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