noviembre 25, 2024
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Por Luis Martínez Alcántara

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, fue víctima de un atentado el domingo 27 de octubre mientras se dirigía a realizar su programa de radio en Cochabamba. Dos vehículos interceptaron su camioneta y abrieron fuego, alcanzando su vehículo con al menos 14 disparos. 

Afortunadamente, Morales salió ileso, aunque su conductor resultó herido en el brazo y en la cabeza, generando una gran conmoción y tensiones políticas en el país. 

En declaraciones posteriores, Morales denunció que el ataque buscaba su “desaparición física” y señaló que existe una “persecución política” en su contra, acusando al gobierno actual de recurrir a grupos paramilitares para intentar silenciarlo. Este incidente ocurre en un contexto ya tenso, marcado por protestas y bloqueos en apoyo al exmandatario, quien se ha convertido en un opositor crítico del gobierno de Luis Arce, su sucesor en la presidencia. 

El Movimiento al Socialismo (MAS), partido que fundó Morales, emitió un comunicado denunciando el ataque como un intento de magnicidio. La organización acusa a figuras clave del gobierno, incluyendo al presidente Arce y a varios ministros, de no proteger la integridad del exmandatario, elevando las tensiones dentro del país. 

Morales, además, mencionó que desde 2022 ya había recibido amenazas de muerte, lo que suma gravedad a esta situación. Ante el ataque, el presidente Luis Arce solicitó una investigación inmediata y detallada para esclarecer los hechos, rechazando cualquier acto de violencia en la política. 

Mientras tanto, diversos líderes latinoamericanos, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, han expresado su solidaridad con Morales, condenando el atentado y señalando los riesgos de la escalada de violencia política en la región. 

Este atentado no solo ha puesto en alerta a Bolivia, sino también a sus países vecinos. Morales ha pedido a la comunidad internacional que se mantenga atenta a la situación en Bolivia, indicando que la violencia política contra opositores representa una amenaza para la democracia en América Latina.

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