El acceso a la información sobre la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, ha sido fundamental para que la sociedad vigile el actuar de autoridades e instituciones encargadas de investigar los hechos y exigir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a derechos humanos, indicó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), organismo que recordó seis resoluciones al respecto.
De acuerdo con un boletín, señaló que su postura es contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
La averiguación previa del caso a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) había reservado la información por 12 años, pero en febrero de 2015, el Inai determinó que se debía elaborar y entregar una versión pública de la averiguación.
Declaraciones de personal militar. La información fue reservada por la PGR con el argumento de que formaba parte de una averiguación previa y su difusión afectaría las actividades de investigación. El Pleno del Inai determinó que, por ser un asunto de violaciones graves a los derechos humanos, se deben entregar versiones públicas de las 36 declaraciones de militares involucrados en los hechos.
Respecto a los informes de la Policía Federal, esta reservó los documentos de su actuación en el caso, argumentando que la información formaba parte de una averiguación previa y que su difusión pondría en riesgo las investigaciones. El Inai consideró que la sociedad debía conocer su participación en el caso y los obligó a entregar versión pública de las bitácoras de servicios y de radio elaboradas por elementos de la Policía Federal en Guerrero.
En otro punto, la Fiscalía General de la República (FGR) se negó a entregar información de las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México. Por ello, el Inai le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva y difundir una versión pública de esos requerimientos.
Mientras que en la participación de buzos de la Secretaría de Marina (Semar), como parte de las actuaciones de pesquisa de los restos de los 43 estudiantes en el río San Juan, en Guerrero. El Inai solicitó conocer toda la información generada a partir de tarjetas informativas.
Por último, el informe de Estados Unidos. La Oficina de la Presidencia de la República, en respuesta a una solicitud de información, señaló que no contaba con el expediente entregado por la aquel entonces vicepresidenta Kamala Harris, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras ello, el Inai ordenó hacer una nueva búsqueda de la información y entregar la versión pública del documento.
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